Hoy en día vemos como desde los medios nos tiene acostumbrado el bombardeo de los canales fascistas pidiendo mano dura, represión, pena de muerte. Lo que se ha dado en este ultimo tiempo es el pedido explicito de los maas-media: la abolición de las Garantias en el Derecho Penal.
Jueces "Garantistas" a favor de los criminales suelen titular las agencias de noticias, informes y acusaciones a estos "Jueces del Crimen" se ven cada vez mas seguidos en los medios. Recordé entonces algo que había leído hace un tiempo y viene al caso.
"....... La critica hacia el Derecho Penal que proviene del discurso de los grandes
medios de comunicación de masas, de grupos de presión ciudadana
y de algunos sectores políticos que señalan el pretendido
aumento de la criminalidad, la ineficacia del sistema, la inseguridad
ciudadana y la necesidad de aumentar los niveles de
represión.
Los contenidos de este discurso presentan la característica
común de aparecer siempre con un tono alarmista y de pretender
representar el estado medio de la opinión pública (que,
en nuestros tiempos y con las particularidades comunicacionales
contemporáneas, es por lo común "opinión publicada"). Las
argumentaciones son simples y esquemáticas, de contenido maniqueo:
el delito y los delincuentes son el "mal" y los ciudadanos
normales el bien; es preciso que tales ciudadanos cuenten con
medios eficaces de protección ante la delincuencia creciente:
mayor número de instituciones y personal represivo, reacciones
inmediatas, eliminación de la libertad provisional y penas más
severas. Todo esto configura un insistente "redamo del encierro",
que hace de la cárcel (en el mejor de los casos) la solución
buscada. Al mismo tiempo, por una tendencia que encontramos
presente desde los orígenes de la cuestión penal, se transita
naturalmente hacia una categorización autoral de índole grupal;
así, como antes se hablaba de "herejes" o se perseguía a determinados
grupos étnicos, tales como moros, judíos o gitanos,
en nuestros tiempos se habló de "subversivos", "narcos", "corruptos",
etcétera.
Dentro de las autoridades políticas, este discurso encuentra
respuesta en promesas de reinstalar la pena de muerte, crear
nuevos y más eficientes organismos de lucha contra la delincuencia,
aumentar los presupuestos y equipamientos policiales,
y generar mayor vigilancia. Así mismo, muchas reformas que
tanto en el campo de la legislación sustantiva21, como en los
aspectos realizativos y ejecutivos se habían logrado o se encontraban
en curso avanzado de concreción, perdieron su empuje,
mostraron retrocesos, fueron detenidas o dejadas en suspenso,
cuando no directamente sustituidas por iniciativas de signo conservador
o autoritario.
En resumen: toda consideración mínimamente objetiva debe
comprender los dos polos señalados, más aún, pareciera que
es una exigencia de racionalidad tratar de atender a los motivos
profundos que subyacen, como datos reales, por debajo de posiciones
a veces simplificadas por la misma lógica de los discursos.
Así como es imposible negar las deficiencias del sistema penal,
tampoco puede hacérselo con los datos que ofrece la realidad
delictiva. Especialmente, la de índole violenta aparece en
la conciencia pública como un dato preocupante y ocasiona
válidos reclamos. Estos no pueden ser ignorados y obligan al
poder público a respuestas contundentes, ya que cuando éstas
no aparecen surge el creciente fenómeno de las reacciones individuales,
las venganzas y las organizaciones privadas de seguridad,
todo lo cual nos retorna a niveles de ley de la selva
y del predominio del más fuerte.
Precisamente, la indudable existencia de formas represivas
informales en la que con frecuencia aparecen involucradas actividades
parapoliciales (el caso de Brasil es ilustrativo de lo
dicho), ha llevado a pensadores comprometidos con ideas despenalizantes,
a sostener la vigencia del Derecho Penal, con todos
sus defectos, como la alternativa posible de cierto grado de
control y de limitación de una violencia que, de no controlarse
por los carriles oficiales, desemboca en el terror. Como lo vio
Zaffaroni, al menos en América Latina la alternativa de la hipotética
abolición del Derecho Penal es la represión indiscriminada,
la ferocidad del combate, los fusilamientos en las calles,
la muerte y la violencia.
Mal que nos pese, con todos sus defectos el Derecho Penal
sustantivo y los procedimientos realizativos siguen constituyendo
el modo posible de mayores garantías para limitar el poder
penal y no sólo del Estado, sino de grupos paraoficiales a veces
con tanto o más poder real que las propias organizaciones institucionales.
Precisamente, en esa línea de pensamiento se ha trabajado
señalándose que el Derecho Penal cumple en nuestros tiempos
un papel (obviamente, de relativa eficacia, pero que constituye
una línea de posibilidades válida) de defensa de lo público controlable
contra los ataques de lo privado incontrolado23. Ello
tiene que ver con las cambiantes circunstancias del mundo actual
y con el surgimiento de formas delictuales diferentes de las
tradicionales y estrechamente relacionadas con manifestaciones
implícitas o explícitas de poder. Las muestras más evidentes de
lo dicho se encuentran en las grandes manifestaciones de organizaciones
delictivas, tales como la mafia y el narcotráfico, y
también en las actividades de grupos otrora vinculados a la
política represiva de las dictaduras militares (lo que ha dado
en caracterizarse como "mano de obra desocupada"). Pero también
debemos tener en cuenta de modo especial los hechos
que provienen del propio poder político y que se expresan
dentro de lo que de un modo general podemos calificar como
corrupción gubernativa. A esto se agrega (con frecuencia de
un modo de reales interconexiones) la delincuencia económica
de alto vuelo, tales como las estafas bancarias, el deliberado
vaciamiento de empresas, las quiebras fraudulentas, el monopolio,
etcétera24.
No puede negarse que en los últimos tiempos este tipo de
hechos ha crecido de modo notable y aunque no tienen la
repercusión de los de la delincuencia violenta, ofrecen motivos
de notoria negatividad sobre el entramado social. La tendencia
económica preponderante en los países latinoamericanos de privatización
de los servicios públicos fundamentales, a más de
generar desocupación, acentuar la marginalidad y dejar librada
la economía a la acción de los socialmente poderosos, aumentando
el abismo de la desigualdad, ha significado -de hechoque
se pase de monopolios estatales relativamente controlables
a monopolios privados casi al margen de la legalidad, frente a
los cuales los usuarios carecen prácticamente de la más mínima
vía de acciones y reclamos.
Si bien está en claro que el Derecho en general y el penal
en particular no constituyen por sí soluciones a los problemas
sociales y que, de manera alguna un crecimiento punitivo puede
hacer desaparecer las causas motivadoras de las conductas delictivas,
también lo es que la misma vida social exige ciertos
niveles de seguridad y, consecuentemente, de reacción ante hechos
que perturban o lesionan las bases mismas de la convivencia.
Ello resulta un dato fundamental en nuestra actualidad, donde
"gran parte de la criminalidad [...] es obra de sujetos que
en absoluto son débiles, sino que, al contrario, son sujetos particularmente
fuertes"; esto resulta de esencial consideración, ya
que la abolición o el debilitamiento del sistema penal puede
tener resultados por completo paradójicos, volviéndose en contra
de los mismos fines que se buscaban: "La lucha contra la
represión penal está amenazada de devenir una lucha a favor
de la prepotencia de los socialmente fuertes contra los débiles,
los cuales sólo pueden defenderse asociándose a un poder público
que les garantice con efectividad de las prevaricaciones
de los más fuertes"2'.
"Derecho procesal penal" Jorge E. Vazquez Rossi
